Las faltas administrativas disciplinarias en el sector público se clasifican en leves, graves y muy graves, con sanciones que van desde amonestaciones hasta la destitución. Este marco sancionador busca mantener la integridad de la administración pública y la confianza ciudadana, permitiendo además la rehabilitación de servidores tras demostrar buena conducta. Los procedimientos disciplinarios aseguran el derecho a la defensa y la protección al denunciante en casos de corrupción.
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Las faltas administrativas disciplinarias son acciones u omisiones que van en contra de las normas de conducta establecidas para los servidores públicos
Las faltas administrativas disciplinarias se clasifican en tres categorías dependiendo de su impacto en la función pública y en la confianza ciudadana
La clasificación de las faltas administrativas disciplinarias es crucial para determinar la sanción correspondiente y mantener la integridad de la administración pública
El procedimiento disciplinario es un proceso formal que busca determinar la responsabilidad del servidor público y aplicar la sanción correspondiente
Las sanciones por faltas administrativas disciplinarias van desde amonestaciones hasta la destitución, incluyendo multas y suspensión de funciones
En caso de daños materiales, el servidor público tiene la obligación de resarcir a la entidad afectada
Las amonestaciones verbales y escritas son sanciones leves que buscan corregir el comportamiento inadecuado y prevenir la comisión de faltas más graves
La amonestación verbal se da en primera instancia y se anota en el expediente del servidor, mientras que la escrita se impone en caso de reincidencia
Las amonestaciones tienen como objetivo corregir el comportamiento y prevenir faltas más graves sin imponer cargas económicas significativas
Las sanciones pecuniarias se aplican en casos de faltas graves o acumulación de faltas leves y se calculan como un porcentaje del salario del servidor público
Los recursos económicos recaudados por las sanciones pecuniarias se destinan a programas de formación y capacitación del personal, contribuyendo al mejoramiento de la administración pública
Las sanciones pecuniarias contribuyen al fortalecimiento de las competencias de los servidores públicos al destinar los recursos a programas de formación y capacitación
La suspensión de funciones es una sanción que se aplica en casos de faltas graves reiteradas y conlleva la inhabilitación temporal del servidor para ejercer su cargo sin derecho a remuneración
La destitución es la sanción más severa y conlleva la terminación definitiva de la relación laboral, reservada para faltas muy graves o reincidencia en faltas graves
La suspensión de funciones y la destitución buscan proteger la integridad de la administración pública y asegurar su correcto funcionamiento
La graduación de las sanciones se realiza considerando la naturaleza y circunstancias de la falta, así como los antecedentes del servidor público
Las resoluciones deben ser motivadas, es decir, deben explicar de manera clara y detallada las razones de la decisión, garantizando la transparencia y el respeto al debido proceso
La motivación de las resoluciones debe incluir la identificación del servidor, la descripción de los hechos, el análisis de las pruebas y la sanción impuesta
La rehabilitación es un proceso que permite a los servidores públicos sancionados por faltas leves o graves limpiar su registro disciplinario después de demostrar buena conducta durante un tiempo establecido
La rehabilitación promueve la reintegración efectiva del servidor a la institución y el compromiso con la ética profesional
Todas las sanciones quedan registradas en el expediente del servidor, proporcionando un historial completo de su desempeño disciplinario
Los procedimientos disciplinarios se desarrollan de manera oral y están regidos por principios de legalidad, imparcialidad y celeridad
Los servidores tienen derecho a ser asistidos por un abogado y a presentar pruebas en su favor durante el proceso disciplinario
Existen plazos de prescripción para iniciar y concluir los procedimientos disciplinarios, protegiendo los derechos de los servidores y evitando dilaciones injustificadas
Las denuncias sobre actos de corrupción son tratadas con la máxima seriedad y se garantiza la protección de la identidad del denunciante para evitar represalias
La entidad de seguridad tiene la obligación de investigar y, si corresponde, sancionar las conductas denunciadas, incluso si no hay una denuncia formal
El enfoque en la protección de denunciantes promueve una cultura de integridad y responsabilidad en el servicio público y fomenta la participación ciudadana en la vigilancia de la gestión pública