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La potestad reglamentaria del poder ejecutivo y su control son fundamentales para la seguridad jurídica. Este texto explora los límites y principios del derecho administrativo sancionador, como la tipicidad, culpabilidad y non bis in idem, que protegen contra la arbitrariedad y aseguran la legalidad de las sanciones.
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El poder ejecutivo tiene la facultad de crear reglamentos para la correcta aplicación de las leyes
Función de los reglamentos
Los reglamentos tienen como objetivo garantizar la seguridad jurídica en la aplicación de las leyes
Control riguroso
La potestad reglamentaria está sujeta a un control riguroso para asegurar su adecuación a la legalidad
Límites negativos
Los límites negativos, como la vinculación y la subordinación, impiden que el reglamento establezca normas contrarias a la ley
Límites positivos
Los límites positivos, como la remisión y la completitud de la ley, permiten que el reglamento complemente lo establecido en la ley
La reserva legal se instauró para proteger las libertades y propiedades de la arbitrariedad monárquica
El legislativo, como representante del pueblo, es el único que puede imponer restricciones
La administración pública tiene una base democrática que le otorga legitimidad para ejercer la potestad reglamentaria
La administración pública puede ejercer la potestad reglamentaria en el ámbito sancionador
La ley debe definir con precisión las infracciones y sanciones correspondientes, dejando al reglamento la tarea de detallar su aplicación
El principio de tipicidad exige que las conductas sancionables y sus consecuencias estén claramente establecidas en la ley
El principio de culpabilidad se refiere a la atribución de responsabilidad a una persona por no haber actuado con la diligencia debida
El principio non bis in idem prohíbe sancionar dos veces por el mismo hecho para evitar la duplicidad de sanciones