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Ley 39/2015: Procedimiento Administrativo Común

Mapa conceptual

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La Ley 39/2015 regula el procedimiento administrativo común en España, aplicable a diversas administraciones y entidades. Establece la obligación de medios electrónicos para personas jurídicas y profesionales, promueve la transparencia y eficiencia, y moderniza la revisión de actos administrativos y la participación ciudadana en la legislación.

Propósito y Alcance de la Ley 39/2015

La Ley 39/2015, de 1 de octubre, del Procedimiento Administrativo Común de las Administraciones Públicas, tiene como objetivo fundamental establecer un marco normativo para la validez y eficacia de los actos administrativos y regular el procedimiento administrativo común de las Administraciones Públicas en España. Esta ley es aplicable a la Administración General del Estado, las Administraciones de las Comunidades Autónomas, las Entidades que integran la Administración Local y el sector público institucional, excluyendo a las Corporaciones de Derecho Público, que se rigen por su normativa específica y, de manera supletoria, por esta Ley. La Ley 39/2015 busca garantizar la transparencia, la eficiencia y la seguridad jurídica en la actuación administrativa, así como facilitar la interacción de los ciudadanos con las Administraciones Públicas, especialmente mediante el uso de medios electrónicos.
Sala de reuniones luminosa con mesa de madera oscura, sillas de diseño moderno, documentos y taza de café, junto a ventana con vista al cielo azul.

Participantes en el Procedimiento Administrativo

La Ley 39/2015 reconoce la capacidad de obrar en el ámbito administrativo a entidades sin personalidad jurídica, como los grupos de afectados o los patrimonios autónomos, siempre que exista una disposición legal que lo permita. La ley impulsa la digitalización de la Administración Pública, exigiendo la creación de registros electrónicos de apoderamientos y la utilización de medios electrónicos para acreditar la representación. Asimismo, distingue claramente entre los conceptos de identificación y firma electrónica, simplificando los procedimientos para su acreditación y estableciendo un marco común de medios de identificación y firma electrónica para todas las Administraciones Públicas.

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00

Exclusión de aplicación de la Ley 39/2015

No aplica a Corporaciones de Derecho Público, tienen normativa específica.

01

Objetivos de la Ley 39/2015

Garantizar transparencia, eficiencia, seguridad jurídica y facilitar interacción ciudadana.

02

Medios preferentes según Ley 39/2015

Fomenta uso de medios electrónicos para interacción con Administraciones Públicas.

Preguntas y respuestas

Aquí tienes una lista de las preguntas más frecuentes sobre este tema

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