Ley 39/2015: Procedimiento Administrativo Común
Mapa conceptual
La Ley 39/2015 regula el procedimiento administrativo común en España, aplicable a diversas administraciones y entidades. Establece la obligación de medios electrónicos para personas jurídicas y profesionales, promueve la transparencia y eficiencia, y moderniza la revisión de actos administrativos y la participación ciudadana en la legislación.
Resumen
Esquema
Propósito y Alcance de la Ley 39/2015
La Ley 39/2015, de 1 de octubre, del Procedimiento Administrativo Común de las Administraciones Públicas, tiene como objetivo fundamental establecer un marco normativo para la validez y eficacia de los actos administrativos y regular el procedimiento administrativo común de las Administraciones Públicas en España. Esta ley es aplicable a la Administración General del Estado, las Administraciones de las Comunidades Autónomas, las Entidades que integran la Administración Local y el sector público institucional, excluyendo a las Corporaciones de Derecho Público, que se rigen por su normativa específica y, de manera supletoria, por esta Ley. La Ley 39/2015 busca garantizar la transparencia, la eficiencia y la seguridad jurídica en la actuación administrativa, así como facilitar la interacción de los ciudadanos con las Administraciones Públicas, especialmente mediante el uso de medios electrónicos.Participantes en el Procedimiento Administrativo
La Ley 39/2015 reconoce la capacidad de obrar en el ámbito administrativo a entidades sin personalidad jurídica, como los grupos de afectados o los patrimonios autónomos, siempre que exista una disposición legal que lo permita. La ley impulsa la digitalización de la Administración Pública, exigiendo la creación de registros electrónicos de apoderamientos y la utilización de medios electrónicos para acreditar la representación. Asimismo, distingue claramente entre los conceptos de identificación y firma electrónica, simplificando los procedimientos para su acreditación y estableciendo un marco común de medios de identificación y firma electrónica para todas las Administraciones Públicas.Actuación de las Administraciones Públicas
La Ley 39/2015 establece que ciertos sujetos, como las personas jurídicas y quienes ejerzan una actividad profesional para la que se requiera colegiación obligatoria, están obligados a relacionarse a través de medios electrónicos con las Administraciones Públicas. La ley obliga a las Administraciones a disponer de registros electrónicos generales y oficinas de asistencia en materia de registros, y a mantener un archivo electrónico único para los documentos de procedimientos concluidos. Además, regula la validez de las copias electrónicas de documentos y promueve la no exigencia de documentos que ya estén en poder de la Administración o que hayan sido elaborados por ella.Regulación de los Actos Administrativos
El Título III de la Ley 39/2015 detalla los requisitos de validez, eficacia, nulidad y anulabilidad de los actos administrativos, manteniendo la esencia de la normativa anterior pero con un enfoque modernizado que favorece las notificaciones electrónicas. Estas notificaciones deben realizarse preferentemente a través de la sede electrónica de la Administración o mediante la dirección electrónica habilitada única, asegurando así la celeridad y seguridad en la comunicación entre la Administración y los ciudadanos o entidades.Procedimiento Administrativo Común
El Título IV de la Ley 39/2015 integra los procedimientos especiales en materia de potestad sancionadora y responsabilidad patrimonial como variantes del procedimiento administrativo común. La ley enfatiza la obligatoriedad del uso de medios electrónicos en todas las fases del procedimiento y consolida el expediente administrativo en formato electrónico. Se introduce la tramitación simplificada de procedimientos, que busca agilizar la resolución de asuntos con un plazo máximo de treinta días y procedimientos específicos para casos de menor complejidad.Revisión de Actos en Vía Administrativa
El Título V de la Ley 39/2015 mantiene las vías de revisión de oficio y los recursos administrativos tradicionales, pero introduce la posibilidad de suspender el plazo para resolver los recursos administrativos si existe un proceso judicial en curso contra el mismo acto administrativo. Además, se suprime la reclamación previa en el ámbito civil y laboral, debido a su limitada utilidad práctica, simplificando así el acceso a la justicia y evitando duplicidades procesales.Iniciativa Legislativa y Potestad Reglamentaria
El Título VI de la Ley 39/2015 establece los principios que deben regir la iniciativa legislativa y la potestad reglamentaria de las Administraciones Públicas, con el objetivo de proteger los derechos constitucionales y fomentar la participación ciudadana en la elaboración de normas. La ley impone la obligación de evaluar periódicamente la aplicación de las normas para asegurar que cumplen con sus objetivos y que los costes asociados son proporcionados y justificados.Ámbito de Aplicación de la Ley 39/2015
La Ley 39/2015 se aplica a la Administración General del Estado, las Administraciones de las Comunidades Autónomas, las Entidades de la Administración Local y el sector público institucional, que incluye organismos públicos y entidades de derecho público vinculados a las Administraciones, entidades de derecho privado con potestades administrativas y Universidades públicas. Estas últimas se rigen por su normativa específica y, de manera supletoria, por la Ley 39/2015. Las Corporaciones de Derecho Público, por su parte, se rigen por su propia normativa y, en su defecto, por esta Ley, garantizando así un marco legal coherente y completo para la actuación administrativa.
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Propósito y Alcance de la Ley 39/2015
Objetivo de la Ley
Establecer un marco normativo para la validez y eficacia de los actos administrativos y regular el procedimiento administrativo común de las Administraciones Públicas en España
Ámbito de aplicación
Aplicable a la Administración General del Estado, las Administraciones de las Comunidades Autónomas, las Entidades que integran la Administración Local y el sector público institucional
Principales participantes en el procedimiento administrativo
Reconocimiento de la capacidad de obrar en el ámbito administrativo a entidades sin personalidad jurídica y obligación de relacionarse a través de medios electrónicos con las Administraciones Públicas
Actuación de las Administraciones Públicas
Digitalización de la Administración Pública
Exigencia de la creación de registros electrónicos de apoderamientos y utilización de medios electrónicos para acreditar la representación
Identificación y firma electrónica
Distinción entre los conceptos de identificación y firma electrónica y establecimiento de un marco común para todas las Administraciones Públicas
Obligación de uso de medios electrónicos
Obligatoriedad para ciertos sujetos de relacionarse con las Administraciones Públicas a través de medios electrónicos
Regulación de los Actos Administrativos
Requisitos de validez y eficacia
Detalle de los requisitos para que un acto administrativo sea válido y eficaz
Notificaciones electrónicas
Preferencia por las notificaciones electrónicas a través de la sede electrónica de la Administración o mediante la dirección electrónica habilitada única
Procedimientos simplificados
Introducción de procedimientos simplificados para agilizar la resolución de asuntos de menor complejidad
Procedimiento Administrativo Común
Integración de procedimientos especiales
Inclusión de procedimientos especiales en materia de potestad sancionadora y responsabilidad patrimonial como variantes del procedimiento administrativo común
Uso de medios electrónicos
Obligatoriedad del uso de medios electrónicos en todas las fases del procedimiento y consolidación del expediente administrativo en formato electrónico
Tramitación simplificada
Agilización de la resolución de asuntos con un plazo máximo de treinta días y establecimiento de procedimientos específicos para casos de menor complejidad
Revisión de Actos en Vía Administrativa
Vías de revisión
Mantenimiento de las vías de revisión de oficio y recursos administrativos tradicionales, con la posibilidad de suspender el plazo para resolver si existe un proceso judicial en curso
Supresión de la reclamación previa
Eliminación de la reclamación previa en el ámbito civil y laboral para simplificar el acceso a la justicia y evitar duplicidades procesales
Iniciativa Legislativa y Potestad Reglamentaria
Principios que deben regir la iniciativa legislativa y la potestad reglamentaria
Protección de los derechos constitucionales y fomento de la participación ciudadana en la elaboración de normas
Evaluación periódica de la aplicación de las normas
Obligación de evaluar periódicamente la aplicación de las normas para asegurar su cumplimiento y justificación de los costes asociados
Ámbito de Aplicación de la Ley 39/2015
Administraciones Públicas incluidas
Aplicación a la Administración General del Estado, las Administraciones de las Comunidades Autónomas, las Entidades de la Administración Local y el sector público institucional
Excepciones
Corporaciones de Derecho Público se rigen por su propia normativa y, en su defecto, por esta Ley. Universidades públicas se rigen por su normativa específica y, de manera supletoria, por la Ley 39/2015
Ley 39/2015: Procedimiento Administrativo Común
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00
Exclusión de aplicación de la Ley 39/2015
No aplica a Corporaciones de Derecho Público, tienen normativa específica.
01
Objetivos de la Ley 39/2015
Garantizar transparencia, eficiencia, seguridad jurídica y facilitar interacción ciudadana.
02
Medios preferentes según Ley 39/2015
Fomenta uso de medios electrónicos para interacción con Administraciones Públicas.
