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Las normativas de detención y uso de la fuerza establecen criterios para actuar de manera justa y segura. Se enfatiza la protección de los derechos humanos, prohibiendo la tortura y tratos inhumanos. La documentación audiovisual y la formación continua de los agentes son clave para la transparencia y profesionalización.
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Las autoridades deben evaluar cuidadosamente cada situación para determinar el nivel adecuado de fuerza a emplear, con el objetivo de minimizar el daño
Las autoridades deben comunicar claramente al individuo las razones de su detención y la autoridad ante la cual será presentado
La integridad física y los derechos humanos del detenido deben ser protegidos en todo momento, prohibiéndose expresamente la tortura y otros tratos inhumanos
Los agentes deben esforzarse por evitar lesiones innecesarias, aplicando la fuerza de manera racional, subsidiaria y proporcional al nivel de resistencia ofrecido
Los tratos humillantes y la tortura están estrictamente prohibidos durante una detención
La seguridad de todas las personas presentes, incluyendo a los agentes y al detenido, debe ser la prioridad durante una detención
La legislación prohíbe el uso de armas de fuego en manifestaciones o reuniones públicas que sean pacíficas
La función de la policía es proteger a los participantes y los derechos de terceros en manifestaciones y asambleas
En eventos de violencia, la respuesta policial debe ser proporcional y ajustarse a los niveles de fuerza autorizados por la ley
La planificación de operativos que involucren el uso de la fuerza debe ser exhaustiva y centrada en la protección de los derechos humanos y la integridad física de todas las partes involucradas
Se debe considerar un enfoque progresivo y diferenciado de la fuerza, con estrategias claras para el despliegue y la retirada
La documentación audiovisual de los operativos es esencial para asegurar la transparencia y facilitar el acceso a la información pública