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La Constitución Española de 1978 es el marco legal supremo que rige la organización política y social de España. Establece los derechos y deberes de los ciudadanos, la estructura del Estado y las instituciones básicas como la Corona, las Cortes Generales, el Gobierno, el Poder Judicial y el Tribunal Constitucional. Además, define la organización territorial en municipios, provincias y Comunidades Autónomas y establece los procedimientos para su reforma, asegurando la participación ciudadana y la solidaridad interterritorial.
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Las primeras elecciones democráticas del 15 de junio de 1977 dieron lugar a la iniciativa parlamentaria para la elaboración de la Constitución Española de 1978
Tras un intenso debate, las principales fuerzas políticas llegaron a un consenso para la aprobación de la Constitución Española de 1978
La Constitución Española de 1978 fue aprobada por las Cortes Generales el 31 de octubre de 1978, ratificada en referéndum el 6 de diciembre de 1978 y entró en vigor el 29 de diciembre de 1978
El Preámbulo expone los propósitos y aspiraciones de la nación, mientras que el Título Preliminar define la forma política del Estado español como un Estado social y democrático de derecho
La Constitución Española de 1978 se divide en dos secciones fundamentales: la Parte Dogmática, que proclama los valores superiores del Estado y reconoce los derechos y libertades fundamentales, y la Parte Orgánica, que detalla la estructura y funcionamiento del Estado
La Constitución Española de 1978 configura las instituciones básicas del Estado, como la Corona, las Cortes Generales, el Gobierno, el Poder Judicial y el Tribunal Constitucional
La Constitución Española de 1978 establece la organización territorial del Estado en municipios, provincias y Comunidades Autónomas, con el principio de solidaridad entre todas las entidades territoriales
La Constitución Española de 1978 establece mecanismos como el Fondo de Compensación Interterritorial para corregir desequilibrios económicos entre las diferentes regiones
La Constitución Española de 1978 establece los procedimientos para su reforma, que pueden ser parciales o totales y requieren diferentes niveles de consenso y ratificación mediante referéndum