La Constitución Española de 1978: Concepto y Origen

Instituciones Fundamentales del Estado Español

La Constitución Española de 1978 configura las instituciones básicas del Estado, que son la Corona, las Cortes Generales, el Gobierno, el Poder Judicial y el Tribunal Constitucional. La Corona, con el Rey como símbolo de la unidad y permanencia del Estado, tiene funciones representativas, arbitrales y moderadoras, y sus actos deben ser refrendados por las autoridades competentes para su validez. Las Cortes Generales, bicamerales, compuestas por el Congreso de los Diputados y el Senado, ejercen la potestad legislativa, aprueban los presupuestos y controlan la acción del Gobierno. El Gobierno, presidido por el Presidente del Gobierno y compuesto por los Ministros, detenta la función ejecutiva y la potestad reglamentaria. El Poder Judicial, independiente, es ejercido por jueces y magistrados que imparten justicia en nombre del Rey y está regido por el Consejo General del Poder Judicial, con el Tribunal Supremo en la cúspide de la organización judicial. El Tribunal Constitucional es el intérprete supremo de la Constitución, garantizando su cumplimiento y resolviendo conflictos de competencia y recursos de inconstitucionalidad.

Organización Territorial y Reforma Constitucional

La Constitución Española articula la organización territorial del Estado en municipios, provincias y Comunidades Autónomas, dotadas de autonomía para la gestión de sus respectivos intereses y la promoción del autogobierno. Se establece el principio de solidaridad entre todas las entidades territoriales, con mecanismos como el Fondo de Compensación Interterritorial destinado a corregir desequilibrios económicos entre las diferentes regiones. El Título X de la Constitución establece los procedimientos para su reforma, que puede ser parcial o total. Las reformas requieren diferentes niveles de consenso y, en casos de reforma total o de modificación de elementos fundamentales, se exige una ratificación mediante referéndum. Este mecanismo asegura que cualquier cambio en la carta magna sea reflejo de la voluntad popular y respete la esencia del pacto constitucional.