El control difuso en el sistema jurídico peruano permite a jueces no aplicar normas contrarias a la Constitución. La Administración Pública, tradicionalmente excluida de esta práctica, ha visto un cambio jurisprudencial en 2005 que le otorga esta capacidad, generando debate sobre la seguridad jurídica y el Estado de Derecho.
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Los jueces y tribunales peruanos tienen la facultad de no aplicar leyes o normas que vayan en contra de la Constitución en casos específicos
La Constitución como norma suprema del ordenamiento jurídico
La Constitución es la norma más importante en el sistema jurídico peruano
Criterios establecidos por el Tribunal Constitucional para su aplicación
El Tribunal Constitucional ha establecido criterios para el ejercicio del control difuso en casos específicos
El control difuso se ejerce solo en casos donde la norma en cuestión sea relevante y su aplicación cause un perjuicio directo
La Administración Pública en Perú no ha tenido la facultad de ejercer el control difuso
Actuar dentro de los límites de las facultades conferidas por ley
La Administración Pública debe actuar dentro de los límites establecidos por la ley
Imposibilidad de declarar la inaplicabilidad de normas por considerarlas inconstitucionales
La Administración Pública no puede declarar la inaplicabilidad de normas por considerarlas inconstitucionales
En 2005, el Tribunal Constitucional peruano reconoció la capacidad de la Administración Pública para ejercer el control difuso en casos de clara inconstitucionalidad de una norma legal o reglamentaria
En 2005, el Tribunal Constitucional peruano realizó un cambio significativo en su jurisprudencia en cuanto al control difuso en la Administración Pública
La Administración Pública en Perú está obligada a prescindir de normas inconstitucionales y aplicar directamente la Constitución en casos de clara inconstitucionalidad
El cambio jurisprudencial ha generado un intenso debate en cuanto a la seguridad jurídica y el principio de legalidad en la Administración Pública
Al permitir a los funcionarios administrativos la inaplicación de normas inconstitucionales, se corre el riesgo de generar inseguridad jurídica y aplicaciones dispares de la ley
La extensión del control difuso a la Administración Pública puede generar preocupaciones sobre el deterioro del Estado de Derecho y la uniformidad del sistema jurídico
Es necesario encontrar un equilibrio entre la protección de la Constitución y la estabilidad del orden jurídico en el debate sobre el control difuso en la Administración Pública