La administración de servicios públicos en México es una tarea esencial del Poder Ejecutivo, que busca satisfacer necesidades colectivas de forma continua y eficiente. Estos servicios, que incluyen desde el suministro de agua hasta la iluminación pública, son clasificados según el nivel de gobierno responsable y pueden ser gestionados tanto por entidades estatales como por el sector privado a través de concesiones. La Constitución mexicana establece las bases para su operación, garantizando su adecuada prestación en beneficio de la ciudadanía.
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México se constituye como una República federal según su Constitución Política
Poder Legislativo
El Poder Legislativo se encarga de crear leyes
Poder Ejecutivo
El Poder Ejecutivo es presidido por el Presidente y se encarga de la administración pública
Poder Judicial
El Poder Judicial resuelve disputas legales mediante su sistema de tribunales
El Poder Ejecutivo ejerce su función administrativa conforme a las facultades otorgadas por la legislación vigente
Los servicios públicos son fundamentales en la gestión administrativa del Poder Ejecutivo para atender las necesidades de la sociedad
Los servicios públicos son considerados esenciales por juristas como León Duguit, ya que definen la administración pública
Los servicios públicos deben adaptarse a las demandas sociales que evolucionan constantemente
Los servicios públicos se definen como actividades técnicas llevadas a cabo por la administración pública o delegadas a particulares
Los servicios públicos buscan satisfacer necesidades colectivas de manera regular, continua y sin fines de lucro
Los servicios públicos se rigen por un régimen jurídico especial para garantizar su correcta prestación en beneficio del interés general
Los servicios públicos requieren conocimientos especializados para su ejecución
Los servicios públicos están destinados a cubrir necesidades de la comunidad
Los servicios públicos deben prestarse sin interrupciones y mantenerse mientras persistan las necesidades que los justifican
Aunque pueden requerir el cobro de tarifas, los servicios públicos no deben tener como objetivo el beneficio económico