La diligencia y autonomía de las autoridades judiciales son cruciales para prevenir la inercia procesal y asegurar la eficiencia en la justicia. Los principios de buena fe y lealtad procesal rigen la conducta de los operadores judiciales y las partes, mientras que el debido proceso garantiza juicios justos y equitativos. Las normas procesales, de carácter obligatorio, y la interpretación de la ley procesal deben enfocarse en la protección de los derechos sustanciales. Además, la jurisdicción y competencia judicial definen la potestad estatal y la resolución de conflictos de competencia.
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Las autoridades judiciales deben ejercer su función con diligencia y autonomía para prevenir la inercia procesal
Respeto a los plazos legales
Las autoridades judiciales deben respetar los plazos legales para garantizar la eficiencia y la conclusión oportuna de los procesos legales
La celeridad en los procedimientos judiciales es crucial para el funcionamiento efectivo del sistema de justicia y para garantizar una administración de justicia expedita y sin demoras innecesarias
La conducta en el marco de un proceso judicial debe estar guiada por los principios de honestidad, buena fe y lealtad procesal
Tanto los operadores judiciales como las partes implicadas están comprometidos a evitar y sancionar actos de fraude, colusión o maniobras dilatorias
Las acciones de los sujetos procesales deben fundamentarse en una representación fidedigna de los hechos y en la interpretación adecuada del derecho, manteniendo siempre el respeto por la autoridad judicial y los derechos de las partes adversas
El debido proceso es un principio jurídico fundamental que asegura un juicio justo y equitativo para todas las personas involucradas
Los procedimientos judiciales deben estar alineados con la Constitución, los tratados internacionales sobre derechos humanos y las leyes pertinentes
Los jueces y demás funcionarios judiciales deben cumplir con una serie de requisitos esenciales para proteger los derechos de los individuos en cada fase del proceso judicial
Las normas procesales tienen carácter de orden público y son de obligado cumplimiento para jueces, partes y terceros en el proceso
Existen disposiciones de carácter dispositivo que ofrecen cierta flexibilidad en su aplicación, siempre que no se contravengan principios fundamentales o se afecten derechos de terceros
Al interpretar la ley procesal, los jueces deben considerar que el fin último de los procesos es la realización efectiva de los derechos sustanciales reconocidos por la ley
La autoridad judicial tiene la responsabilidad exclusiva de ejercer la función jurisdiccional y debe hacerlo con independencia, sujetándose únicamente a la Constitución y a la ley
Los auxiliares de justicia solo pueden llevar a cabo actos expresamente autorizados por la ley
Las decisiones judiciales deben ser respetadas y cumplidas por todas las autoridades y personas, contando con el respaldo de la fuerza pública en caso de ser necesario
La jurisdicción es una potestad exclusiva del Estado, ejercida a través de sus órganos judiciales, y se extiende a todo el territorio nacional
La competencia de los jueces y tribunales se define por la materia, el territorio y, en algunos casos, por la cuantía
Se asegura que todo proceso sea revisado al menos en dos instancias, salvo excepciones previstas por la ley
Los conflictos de competencia entre distintos órganos judiciales se resuelven a través de los procedimientos de inhibitoria o declinatoria
Los conflictos de competencia pueden ser promovidos tanto de oficio como a petición de parte
Los jueces deben abstenerse de conocer sobre el fondo del asunto durante la tramitación de los conflictos de competencia, salvo para adoptar medidas cautelares urgentes