La responsabilidad penal en el Código Penal español se estructura en autores, cómplices y encubridores de delitos, con fases de preparación y ejecución claramente definidas. Se consideran actos preparatorios punibles y se distinguen delitos consumados de tentativas. Factores como causas eximentes, atenuantes y agravantes influyen en la penalización, mientras que la clasificación de penas varía en gravedad y duración. Además, se implementan medidas de seguridad para prevenir la reincidencia.
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Los autores son aquellos que realizan directamente el acto delictivo o lo ejecutan por medio de otra persona
Los cómplices asisten de forma relevante en la preparación o ejecución del delito sin ser autores directos
Los encubridores son aquellos que, con conocimiento de la comisión de un delito, facilitan la fuga de los responsables o contribuyen a ocultar las pruebas
Los actos preparatorios de un delito incluyen la conspiración, la proposición, la provocación y la apología
Se diferencia entre delito consumado y tentativa, dependiendo de si se ha producido el resultado dañoso o no
La tentativa no se aplica a delitos cometidos por imprudencia y se exime de responsabilidad a quienes desisten voluntariamente de consumar el delito
Las causas eximentes, como la inimputabilidad por minoría de edad o trastornos psíquicos, pueden excluir la responsabilidad penal o la antijuridicidad del acto
Las circunstancias atenuantes, como el arrepentimiento sincero o la reparación del daño causado, pueden conllevar una reducción de la pena impuesta
Las circunstancias agravantes, como actuar con ensañamiento o por motivos discriminatorios, pueden incrementar la severidad de la pena
Las penas graves incluyen la prisión permanente revisable y la inhabilitación absoluta para ejercer cargos públicos
Las penas menos graves comprenden penas de prisión de menor duración y distintas modalidades de inhabilitación y suspensión de derechos
Las penas leves se refieren a sanciones menores, como multas o privaciones de derechos por periodos breves
Las medidas privativas de libertad, como el internamiento en establecimientos adecuados, se aplican a individuos con alto riesgo de reincidencia
Las medidas no privativas de libertad, como la libertad vigilada y la custodia en un entorno familiar, buscan prevenir la comisión de futuros delitos mediante la supervisión del individuo