La clasificación de personas y sujetos de derecho en México se divide en personas físicas y morales, cada una con la capacidad de adquirir derechos y obligaciones. La libertad, un derecho fundamental, está protegida por la Constitución, que prohíbe la esclavitud y la discriminación. El derecho de acción permite a los individuos solicitar la aplicación de la ley, mientras que el derecho de petición facilita la comunicación con el gobierno. Los derechos políticos fomentan la participación ciudadana en la democracia.
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Las personas físicas son individuos con capacidad para adquirir derechos y contraer obligaciones desde el momento de su nacimiento hasta su muerte
Entidades compuestas por grupos de personas físicas o de patrimonios destinados a un fin común
Las personas morales son entidades compuestas por grupos de personas físicas o de patrimonios destinados a un fin común, como pueden ser las sociedades mercantiles, las asociaciones civiles y las instituciones de carácter público
La Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos establece y protege los derechos fundamentales de las personas, tales como la libertad, la acción, la petición y los derechos políticos
La libertad es un derecho fundamental del ser humano, ampliamente reconocido y protegido por la Constitución Mexicana
La Constitución Mexicana prohíbe la esclavitud y declara que cualquier esclavo que pise territorio nacional será reconocido como libre y gozará de la protección de las leyes
La Constitución Mexicana establece la prohibición de la discriminación en cualquiera de sus formas, la cual atenta contra la dignidad humana y menoscaba los derechos y libertades de las personas
El derecho de acción es la facultad que tienen los individuos para acudir ante los órganos jurisdiccionales y solicitar la aplicación de la ley a un caso concreto
Una persona puede ejercer su derecho de acción para demandar una compensación en caso de sufrir lesiones en un accidente de tráfico debido a la negligencia de otro conductor
El ejercicio de este derecho implica la presentación de una demanda ante las autoridades competentes, el cumplimiento de los requisitos procesales y la participación en el proceso judicial hasta obtener una sentencia que resuelva la situación
El derecho de petición es una garantía constitucional que otorga a los ciudadanos la posibilidad de presentar solicitudes o quejas ante las autoridades competentes
Este derecho debe ejercerse por escrito, de forma pacífica y respetuosa, y las autoridades están obligadas a responder en un plazo razonable
El ejercicio de este derecho es fundamental para la transparencia, la rendición de cuentas y la participación ciudadana en la gestión pública