La separación de poderes es fundamental para evitar la concentración y el abuso de autoridad en un Estado de Derecho. Montesquieu teorizó este principio, que divide las funciones gubernamentales en legislativo, ejecutivo y judicial, cada uno con competencias específicas y mecanismos de control mutuo. La evolución de la función judicial ha reforzado su papel en la protección de los derechos fundamentales y la supremacía constitucional, mientras que el control de convencionalidad alinea las leyes nacionales con los tratados internacionales de derechos humanos.
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La separación de poderes consiste en la distribución de funciones gubernamentales entre distintas entidades para prevenir la concentración de poder y su posible abuso
El Espíritu de las Leyes
Charles de Montesquieu teorizó en su obra "El Espíritu de las Leyes" que para evitar la tiranía, el poder debe ser contrarrestado por el poder
En la separación de poderes, se establece un sistema de frenos y contrapesos donde los poderes legislativo, ejecutivo y judicial operan con autonomía pero interdependencia, limitándose mutuamente
A lo largo de la historia, se han desarrollado sistemas de controles intraórganos para regular el poder estatal
Los controles horizontales, que implican la interacción y limitación recíproca entre diferentes poderes del Estado, son fundamentales para el funcionamiento de un gobierno republicano
La supremacía constitucional asegura que ninguna ley o actuación gubernamental pueda estar en conflicto con la Constitución, la cual solo puede ser modificada mediante procedimientos especiales
En sus orígenes, Montesquieu consideraba al poder judicial como un cuerpo principalmente pasivo, dedicado a la aplicación de la ley y subordinado a los poderes legislativo y ejecutivo
En la actualidad, los tribunales han adquirido un rol proactivo en el ejercicio de controles interórganos, como la revisión de la legalidad de las acciones del ejecutivo y la evaluación de la constitucionalidad de las leyes
La "judicialización de la política" implica que los jueces juegan un papel activo en la defensa de la supremacía constitucional y en la protección de los derechos fundamentales
El control de convencionalidad, concebido por la Corte Interamericana de Derechos Humanos, tiene como objetivo garantizar que las leyes y prácticas nacionales no infrinjan los derechos humanos reconocidos internacionalmente
La jurisprudencia de la Corte IDH establece que los jueces nacionales deben aplicar este control de oficio, independientemente de la naturaleza del caso, asegurando la preeminencia de los tratados internacionales sobre el derecho interno y el cumplimiento de las obligaciones internacionales de los Estados en materia de derechos humanos