Las fuentes del Derecho Civil en el ordenamiento jurídico español incluyen la ley, la costumbre y los principios generales del derecho. La Constitución Española es la norma suprema que establece la jerarquía normativa y el principio de legalidad, asegurando la protección jurisdiccional y la actuación no arbitraria de los poderes públicos. Los jueces y tribunales aplican estas fuentes para resolver litigios, mientras que la jurisprudencia del Tribunal Supremo y los Tribunales Superiores de Justicia complementan el sistema legal.
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La ley es la principal fuente del derecho en España y se elabora siguiendo procedimientos establecidos
La costumbre es una práctica social reiterada que adquiere carácter normativo cuando no contradice la moral o el orden público
Los principios generales del derecho son postulados ético-jurídicos que informan y dan coherencia al sistema legal, pudiendo colmar vacíos legislativos y prevalecer sobre normas contrarias a ellos o a la Constitución
La Constitución Española es la norma fundamental del ordenamiento jurídico y establece la jerarquía normativa y el principio de legalidad
La Constitución Española diferencia entre leyes orgánicas, que requieren una mayoría absoluta para su aprobación y regulan materias fundamentales, y leyes ordinarias
Los tratados internacionales, una vez ratificados y publicados en el Boletín Oficial del Estado (BOE), se integran al ordenamiento jurídico y tienen plena efectividad
El marco legal en España asegura que los poderes públicos actúen sin arbitrariedad y que los ciudadanos gocen de protección jurisdiccional
Los jueces y tribunales, en su función de administrar justicia, deben resolver los litigios aplicando las fuentes del derecho de manera coherente y razonada
La jurisprudencia, establecida por el Tribunal Supremo al interpretar la ley, la costumbre y los principios generales del derecho, complementa el ordenamiento jurídico aunque no constituye una fuente formal del mismo